El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) rechazó el pronunciamiento aprobado por el Senado de la República que busca sancionar al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por haber anunciado un procedimiento contra el Estado mexicano por las desapariciones forzadas.
“Nunca antes desde una de las cámaras del Congreso de la Unión se habían pedido sanciones para un integrante de un órgano previsto en un tratado de Derechos Humanos”, publicó la organización en redes sociales.
“En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones”, asentó.
Esto, luego de que el pasado martes, la mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, en el Senado, aprobó con 71 votos a favor un pronunciamiento en contra del funcionario de la ONU.
En lugar de disputar el diagnóstico y adoptar posiciones soberanistas de gobiernos fallidos del pasado, México debe tomar esta oportunidad para atender la crisis estructural de desapariciones
— Centro Prodh (@CentroProdh) April 9, 2025
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña advirtió que recurrirán a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada.
“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?
“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México”, expuso Noroña.
Al leer el pronunciamiento, aseveró que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa.
“Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”, señaló.
