El silencio y la lentitud institucional retumbó más que el rugido del fuego, y, como consecuencia, más de mil hectáreas de bosque, vegetación y vida silvestre fueron arrasadas por un incendio forestal que desató su furia desde el 11 de abril y no encontró contención sino hasta cinco días después.
Las llamas devoraron los cerros y las esperanzas de una comunidad que tuvo que enfrentar, prácticamente sola, la emergencia ambiental más devastadora, en lo que va del año, en Tlaxcala.
“La comunidad califica lo ocurrido como un ecocidio. La respuesta tardía del gobierno estatal es percibida como una negligencia grave”, afirmó, a través de redes sociales, la organización Mujeres Organizadas de Tlaxcala.
El pasado 15 de abril, autoridades locales declararon una contingencia ambiental en 12 municipios de Tlaxcala, después de que el humo y la ceniza de dos incendios forestales, uno en la zona boscosa de Atltzayanca y otro en el Parque Nacional La Malinche, habían cambiado el paisaje natural y la calidad del aire pasó de buena a extremadamente mala.
Ese mismo día, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), controlaron el fuego en La Malinche, pero no en Atltzayanca; allí las llamas ganaban terreno. De acuerdo con testimonios de los pobladores, este incendio inició el 11 de abril en Libre, Puebla, y entre los días 12 y 13 ya abrazaba los bosques del territorio tlaxcalteca.
Pese a que lo alertaron oportunamente a autoridades municipales y estatales, nadie respondió.
Ellos sí lo hicieron. Hombres y mujeres dejaron sus hogares, subieron a los cerros, se enfrentaron al fuego con palas, ramas, cubetas.
“Durante más de cinco días, sin descanso ni equipo adecuado, la gente de Atltzayanca enfrentó el fuego con palas, ramas y solidaridad. Mientras las instituciones tardaban o se retiraban, el pueblo defendió su territorio. Fue una tragedia ambiental, pero también una muestra de abandono institucional y de enorme dignidad colectiva”, remarcó la organización Mujeres Organizadas de Tlaxcala, que desde el primer momento apoyó a la población local.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que el siniestro, que arrasó con 1,087 hectáreas, fue finalmente controlado el 19 de abril, según la “Tarjeta de Situación de Incendios Forestales Activos”.
El reporte detalla que el fuego consumió arbolado adulto y joven, así como pastizales, en los parajes del Cerro Guadalupe, Cerro de San Gabriel y Ejido Buenavista, en el municipio de Atltzayanca.
Pero las cifras bailan según la fuente. Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar minimizó el impacto a 700 hectáreas, la diputada local Anel Martínez, originaria de la zona, advirtió que la afectación real podría superar las dos mil hectáreas. La Conafor, por su parte, se mantiene en 1,087.
Sin embargo, hay otra verdad que las cifras no logran abrazar: la del sufrimiento y la rabia contenida en los rostros tiznados de quienes no recibieron ayuda a tiempo. Porque fue el pueblo, no el Estado, quien corrió hacia el incendio.
Aunque la fecha oficial señala el 15 de abril como el inicio del fuego, los pobladores de Atltzayanca insisten en que el desastre comenzó el 11.
Fue hasta el 15 de abril cuando el gobierno de Cuéllar Cisneros reconoció oficialmente la emergencia. Una reacción tardía y fragmentada que, según testimonios, apenas envió algunas brigadas mientras el incendio ya había reducido a cenizas hasta 4 mil hectáreas según cálculos comunitarios.
La indignación escaló cuando, el 17 de abril, finalmente llegó un helicóptero de la Conagua para realizar descargas aéreas.
En redes sociales abundaron los videos, las fotografías, los testimonios que daban prueba de cómo los campesinos, ejidatarios y la sociedad civil sostuvo el frente, organizando guardias, víveres y cuidados para los brigadistas voluntarios.
Para el 20 de abril, las autoridades declararon el incendio completamente extinguido. Pero las comunidades seguían subiendo a los cerros, con la piel quemada y los pulmones llenos de humo, para revisar que no hubiera rebrotes, para apagar lo que las instituciones se negaron a ver.
No hay todavía un reporte oficial sobre la fauna silvestre afectada, ni mucho menos un plan claro de restauración ecológica. Solo quedan las cenizas, las heridas abiertas y el clamor de un pueblo que defendió su bosque como se defiende la vida misma: con dignidad, con rabia y sin esperar nada del gobierno que, a su decir, los olvidó.
La legisladora Anel Martínez señaló que todo parece indicar que hubo “omisión” de las autoridades ante una emergencia ambiental.
