El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) abrió un proceso, con carácter de urgente, sobre la crisis de desapariciones forzadas en México, que podría llevar estos casos a la consideración de la Asamblea General de la ONU.
Olivier de Frouville, presidente del CED, indicó que el comité decidió activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que inicia un proceso para pedir información al gobierno de México sobre las desapariciones forzadas que ocurren “de manera generalizada o sistemática” sobre el territorio mexicano.
“El Comité decidió solicitar al Estado parte toda información pertinente con esta situación, lo cual no prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas (al gobierno de México)”, dijo.
De Frouville resaltó que el CED tiene como objetivo construir “una cooperación y diálogo constructivos” sobre el tema.
La iniciativa del CED se produce después del hallazgo de restos humanos en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, calificado por algunas organizaciones de madres buscadoras como un campo de exterminio.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, sostuvo, el pasado 19 de marzo, que las autoridades federales asumirían la investigación después de que padres y madres de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones exigieran transparencia al Gobierno mexicano sobre los hechos ocurridos en este sitio.
Solamente en Jalisco, el estado mexicano donde ocurrió este hallazgo, fueron reportadas como desaparecidas unas 11.660 personas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 21 de marzo de 2025.
La anterior cifra sitúa a esa entidad en el primer lugar entre las 32 entidades mexicanas desde el comienzo del gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante el cual se estableció este registro.
