Para exhibir las acciones y omisiones del Gobierno de Tlaxcala que han vulnerado derechos humanos, además de exigir justicia y garantías, víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, violencia de género, feminicidio, secuestro y abusos del poder público, instalaron la primera Mesa Ciudadana de Seguridad en la entidad.
Es la primera vez en la historia de Tlaxcala, que las víctimas del delito, convocadas por activistas, se organizan para constituir una Mesa Ciudadana de Seguridad como un ejercicio paralelo a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad que encabeza en la entidad la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, misma que existe en otras entidades en congruencia con la política de seguridad que implementó el Gobierno federal para analizar la situación que prevalece en materia de seguridad pública y tomar las decisiones para la recuperación de la paz social.
El objetivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad es evidenciar que el gobierno, en todos sus niveles, ha sido omiso ante la demanda de justicia de las víctimas de la delincuencia e inseguridad, y que ha incurrido en abusos del poder público y corrupción en detrimento de los derechos humanos.
Eréndira Jiménez Montiel, integrante de la mesa, explicó que quienes se sumaron a este proyecto representan la voz colectiva de causas justas y exigibles para que los ciudadanos gocen de sus derechos humanos de manera plena.
“Lastimosamente, la instalación de esta mesa significa la desatención por parte del gobierno, pese a las solicitudes que formalmente, que jurídicamente, se han elaborado y que no han sido atendidas”, expresó.
Por ejemplo, Hilario Ángeles Jiménez, se adhirió a la Mesa Ciudadana de Seguridad para evidenciar y exigir justicia por el caso de su hijo, Alejandro Ángeles, víctima de desaparición forzada desde el año pasado.
Ante la mesa, el padre de familia recordó que su hijo desapareció el 19 de noviembre de 2022 y desde entonces no saben nada de él. Alejandro Ángeles era estudiante de la licenciatura de Medicina, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y prestaba su servicio social en el centro de salud de la comunidad de San Lorenzo Soltepec, en el municipio de Tlaxco, como parte del proceso para obtener su título profesional, pero desapareció unos meses antes de lograrlo.
“Mi hijo ya casi tiene un año de desaparecido y las autoridades, tanto la gobernadora, como la procuradora y fiscalía especializada en la desaparición de personas no nos ha dado ni siquiera un solo detalle”, remarcó.
Indicó que hasta la fecha no hay justicia para su hijo y que las autoridades, incluso, ya se molestan cuando él acude a la fiscalía en busca de información del caso.
Como don Hilario, también se sumaron a esta iniciativa en defensa de los derechos humanos, otros grupos ciudadanos que acusaron vulneración de sus derechos al medio ambiente, a la salud y a una buena administración pública, por parte del gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Por ejemplo, pobladores del municipio de Tlaltelulco se unieron en defensa de su territorio porque, según su testimonio, el Gobierno de ese municipio pretende despojar al pueblo de un espacio público destinado al esparcimiento de los niños, jóvenes y adolescentes.
Asimismo, trabajadores adheridos al Sindicato 7 de Mayo se sumaron a la mesa en defensa del derecho a la salud de los trabajadores en activo, de jubilados y pensionados del Gobierno local, ayuntamientos e instituciones públicas de Tlaxcala, a quienes la administración de Cuéllar Cisneros les suspendió los servicios médicos bajo la modalidad en la que antiguamente operaban y les impuso un servicio privatizado, a través de una concesión, que opera con una serie módulos de salud integral en donde reciben atención médica con restricciones en la dotación de medicamentos.
También se integraron a la Mesa Ciudadana de Seguridad, habitantes de la capital de Tlaxcala que rechazan el proyecto del “Autotren Tlaxcala” por considerarlo innecesario y perjudicial para el medio ambiente.
En la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad están representadas las autoridades de gobierno y seguridad de la administración federal, de los gobiernos locales y municipales; y uno de sus objetivos es la coordinación y suma de esfuerzos y recursos por la seguridad pública.
En la Mesa Ciudadana de Seguridad están representadas las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que en lugar de recibir justicia son revictimizadas por las mismas autoridades e instituciones garantes.
Yeny Charrez, activista, comentó que la Mesa Ciudadana de Seguridad también tiene el objetivo de promover la manifestación social y pacífica para lograr mesas de diálogo y resolver en ellas las diversas omisiones en agravio de la sociedad tlaxcalteca.
Precisó que los temas prioritarios en esta iniciativa ciudadana son la seguridad, la salud, el abasto de medicamentos, contaminación y medio ambiente, omisión y lentitud en la impartición de justicia, violación a los derechos humanos, violencia intrafamiliar y de género, conflictos municipales, así como invisibilización de personas con discapacidad.
“El objetivo es que sea, a través de la ciudadanía, como tomemos acciones con respecto a los temas de esta mesa. Este es el comienzo de una organización ciudadana que busca dejar atrás, sobre todo, aquellas omisiones y acciones de un estado que se encuentra en ingobernabilidad”, asentó.
