El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz, informó que su sobrina, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz, y em esposo de ella, fueron suspendidos temporalmente de sus funciones docentes para que enfrenten las consecuencias legales por la agresión que presuntamente cometieron en contra de una catedrática de esa misma casa de estudios.
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El Tribunal Disciplinario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), suspendió temporalmente de sus funciones como docentes de esta casa de estudios, a la diputada local, Alejandra Ramírez Ortiz y a su esposo, Enrique Vázquez Fernández, luego de que fueran acusados pública y penalmente de haberle dado una golpiza dentro de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, a la catedrática Laura N.  

Así lo informó el rector de la universidad, Serafín Ortiz Ortiz, tras una sesión del Tribunal Disciplinario en la que los integrantes abordaron el caso y dictaminaron un fallo sancionatorio, en contra de los dos imputados, que también incluye la suspensión temporal de su salario hasta en tanto haya un resolutivo por parte de las instancias de impartición de justicia.

“Muy lamentablemente, en el espacio universitario, se suscitaron estas acciones, y no permitiré, nunca, se trate de quien se trate, que se generan acciones perturbadoras en la vida interna de la universidad, y menos, aún, de violencia”, apuntó. 

Lo anterior, en alusión a que la diputada por el partido local Alianza Ciudadana (PAC), es su sobrina y, al mismo tiempo, ocupa una plaza de docente en la UATX, al igual que Vázquez Fernández, académico de tiempo completo y cónyuge de ella.   

Ramírez Ortiz y Vázquez Fernández son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los delitos de lesiones y amenazas en contra de la catedrática de la UATX, Laura N.

Luego de confirmar que existe una denuncia y que la PGJE inició la indagatoria, Ortiz Ortiz remarcó que para que los dos imputados enfrenten el proceso legal en su contra, el Tribunal Disciplinario aplicó la normativa interna de la casa de estudios para mantener el orden, la disciplina y control del ambiente universitario, pero subrayó que no es competencia de las autoridades universitarias determinar si son culpables o no. 

Recordó que la agresión ocurrió el pasado martes 10 de octubre, dentro de un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras, pero arguyó que fue por “cosas” y “problemas personales”, y no por temas de la universidad. Insistió en que los involucrados alegaban “problemas de pareja o dispareja” y que, en el momento de la agresión, quien ocupa la dirección de la facultad, bajo la excusa de no meterse en “asuntos personales”, simplemente envió a una tercera persona para que permaneciera afuera del aula donde ocurría la “discusión” y después redactó un acta en la que se narran los hechos, pero en ningún momento solicitó apoyo de seguridad pública para resguardar a la víctima, asegurar a los agresores y mantener el orden dentro de la universidad.

“La relación que hay entre ellos; una es la exmujer y, ahora, la otra, es su esposa del profesor Enrique Vázquez; entonces, la directora se contuvo, digamos, para no meterse en asuntos de personas, de problemas íntimos, de problemas muy personales”, expresó el rector.

Aunque reiteró que se trata de “problemas personales”, reconoció que los hechos sí ocurrieron dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios y por eso las autoridades universitarias tuvieron que aplicar las normas internas previstas en el Código de Ética de la UATX. 

Señaló que mientras los dos acusados estarán suspendidos temporalmente hasta que la autoridad competente se pronuncie respecto de la imputación en su contra, en el caso de la víctima, el Tribunal Disciplinario decidió salvaguardar sus derechos como académica. 

“Aquí, para mí, no reza el que yo deba proteger a quien resultó agresora por mi vínculo familiar. A mí no me gana la pasión, ni me gana tampoco el tema del aprecio o cariño que se pueda tener con una persona que es de mi filiación”, asentó.

“Son asuntos de carácter personal y se equivocaron de lugar donde fueron a dirimir este problema; de modo que como rector de la universidad tengo que involucrarme para que haya disciplina, para que haya orden”, agregó. 

Aseveró que la integridad de la máxima casa de estudios está “lacerada” por esos comportamientos, y por ello, en acato al Código de Ética, también entregó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) las grabaciones del sistema interno de videovigilancia, así como los documentos que contienen información y que representan evidencia del caso ya denunciado por la agraviada. 

El también catedrático aclaró que la determinación de la UATX respecto de los agresores es una sanción interna, pero las investigaciones por la vía penal son competencia del Ministerio Público, así como sus resolutivos, los cuales serán acatados una vez que estos sean emitidos.

“Es un asunto entre particulares que se está ventilando en la procuraduría, allá que se resuelva. Yo ya tomé las medidas que la ley me faculta”, asentó. 

Pese a que la agresión ocurrió el pasado martes y la víctima la hizo pública el viernes, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz no ha emitido ningún comunicado oficial respecto de la acusacion en su contra por violencia de género y ahora por la suspensión temporal de sus funciones como catedrática de la UATX.

“Yo no quiero vivir con miedo, tengo derecho a caminar en las calles libremente”: víctima

Acompañada de activistas, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UATX, Laura N., pidió protección y un proceso legal transparente, luego de que denunció ante a la PGJE la agresión física que sufrió dentro de las aulas universitarias por parte de la diputada local, Alejandra Ramírez Ortiz y el esposo de ella, Enrique Vázquez Fernández. 

“Hoy me siento vulnerable, me siento insegura, pido apoyo de las instancias que se encargan de repartir justicia para que, con transparencia, resuelvan este asunto”, expresó. 

“Yo no quiero vivir con miedo porque tengo derecho a caminar en las calles, libremente, y asistir a los lugares que yo crea convenientes, de acuerdo con mis valores y a mis principios”, añadió.   

En una conferencia de prensa que ofreció el pasado viernes, relató que el día de la agresión, ella fue convocada a una reunión con su superior inmediato, pero al llegar al espacio universitario donde estaba programada la cita de trabajo ingresaron los dos agresores y la retuvieron durante más de una hora; y todo ese tiempo fue víctima de violencia física y verbal.

“Yo les aclaré que no era el lugar donde podíamos hablar, y con lujo de violencia me dijeron que era el único lugar y que por eso se había hecho así. Había gente en mi centro de trabajo que sabía que ellos estaban ahí y que me tenían ahí para tratar de amedrentarme”, comentó. 

“Había personas que estaban ahí y que sabían lo que estaba ocurriendo y nadie hizo nada para ayudarme, todos se esperaron a que estas personas salieran después de hora y media de tenerme encerrada, y en cuanto entran me ven en el suelo, porque así estaba yo en el suelo, y me dicen ‘¿qué hiciste?’”, agregó. 

La agraviada no proporcionó información sobre los motivos que originaron el ataque por parte de su expareja y de la diputada local, quien en la Cámara de Diputados del estado es parte de la Comisión de Derechos Humanos. 

Insistió en pedir seguridad y protección para ella y su familia por el riesgo que percibe al haber sido agredida por la legisladora, una mujer con poder político y económico. Subrayó que incluso teme por su vida.

“Yo no pienso suicidarme, ni huir, ni dejar mi trabajo porque mi trabajo es el sustento de mis hijos. Yo tengo veintitrés años trabajando en la universidad autónoma de Tlaxcala, así que también pido que se me respete mi trabajo. Ellos no tienen ningún derecho a venir a violentarme a donde yo estoy trabajando”, asentó.

Desde que la víctima habló públicamente sobre la agresión que vivió dentro de la UATX, mujeres que integran diversos colectivos feministas le ofrecieron su acompañamiento y respaldo, y también exigieron que la legisladora presunta responsable se separe del cargo público que ocupa.