Por: Ana Laura Vásquez
Por un homicidio que no cometió, un tribunal de enjuiciamiento de Tlaxcala sentenció a 20 años de prisión a Saúl N., líder indígena y comunitario del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan, del municipio de Chiautempan.
Las juezas Aída Báez Huerta, Rossana Rubio Marchetti y Olivia Mendieta Cuapio, lo declararon culpable del asesinato de Alfredo N., ocurrido durante un linchamiento en esa localidad de origen náhuatl, el 15 de abril de 2022, en pleno Viernes Santo.
Lo anterior, pese que Saúl N., ni siquiera estuvo presente en la enardecida turba que, aquel día, retuvo al hombre, lo golpeó y lo quemó vivo, tras acusarlo de haber entrado a robar a una vivienda.
Sus abogados explicaron que, por el contrario, dentro de sus facultades como una autoridad electa por usos y costumbres y no por voto constitucional, notificó al Gobierno local de los disturbios y solicitó su auxilio, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para rescatar y resguardar a la víctima y restablecer el orden social.
“El agente del ministerio público no tiene ni una sola prueba, y ahorita lo acaban de decir las mismas juezas, con la cual poder demostrar que hubo alevosía, ventaja, premeditación, coparticipación de Saul para cometer ese delito que le están atribuyendo de manera ilegal, esa es la palabra correcta”, indicó Carlos David Robles, abogado.
No obstante, el argumento de las juezas para declararlo culpable fue que, el día del linchamiento, él ejercía funciones de presidente de comunidad y tenía la obligación de resguardar a la víctima ante la amenaza de los pobladores de hacer justicia por su propia mano.
Con esa justificación, dictaron para Saúl N., una sentencia condenatoria de 20 años de prisión, la pena mínima para el delito de homicidio calificado, el cual él no cometió. Las juezas pretendían analizaban imponer 50 años a petición del ministerio público.
El Código Penal Federal define al delito de homicidio calificado como aquel que se comete con premeditación, ventaja, alevosía o traición por parte del homicida en contra de la víctima.
Tras la decisión del tribunal de enjuiciamiento, Robles anunció que ya preparan un recurso de apelación porque Saúl N., es inocente del delito por el que ha sido sentenciado.
“Esta decisión es más política que jurídica. El agente del ministerio público no tiene acreditados sus órganos de prueba, esto es más político que jurídico, y esperemos que los magistrados no se dejen sucumbir ante el poder y que sepan separar la situación y que realmente juzguen con el órgano de prueba que acusan a Saul, que realmente no hay con qué poderlo hacer”, puntualizó.
Saúl N., junto con Raymundo N., un “tiaxca” de Tlalcuapan, como llaman los pobladores a los vecinos que se distinguen por ser participativos en la comunidad, fue detenido, en julio de 2022, por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
A los dos los acusaron de homicidio calificado; sin embargo, el pasado primero de marzo, las juezas absolvieron a Raymundo N., al no encontrar elementos que acreditaran el delito, pero en el caso de Saúl N., insistieron en que es culpable porque era la autoridad comunitaria.
Según testimonios de habitantes de Tlalcuapan, el día que se registró el linchamiento, Saúl N., resguardó a la víctima dentro de la presidencia de comunidad, pero hasta allí llegó una turba que lo destituyó del cargo de presidente de comunidad y le arrebató al presunto ladrón.
El linchamiento ocurría mientras una parte de la población celebraba el viacrucis por el Viernes Santo y el acceso a la comunidad estaba resguardado por más 250 policías estatales que no actuaron para rescatar al hombre víctima del linchamiento.
“Saúl es inocente, y la comunidad no va a parar hasta verlo en libertad. Se han violentado os derechos tanto de Saúl, como de Raymundo, acusados por homicidio calificado. Raymundo ya fue liberado porque no hubo pruebas en su contra porque no estuvo en el lugar y lo mismo pasa con Saúl”, expuso un habitante.
“No hay pruebas porque no estuvieron en el lugar, pero a Saúl se le acusa por el simple hecho de ser presidente de comunidad, se le está acusando de homicidio calificado, un golpe duro para las comunidades de las faldas de la Malinche y noticias duras para una persona inocente”, añadió.
Los lugareños aseguran que la aprehensión de Saúl N., y la sentencia en su contra están más vinculadas a su activismo por la protección del Parque Nacional La Malinche, mediante el cual descubrió actos de corrupción en los programas ambientales del Gobierno local.
Organizaciones exigen su libertad; es inocente
Tras conocer la sentencia condenatoria en contra del líder comunitario de Tlalcuapan, decenas de organizaciones de la sociedad civil de Tlaxcala y del resto del país expresaron su respaldo para él, y rechazaron la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento.
Consideraron que se trata de una violación grave de derechos humanos que ha mantenido privados de su libertad a dos hombres por un delito que no cometieron.
Por ello, advirtieron que realizarán manifestaciones pacíficas hasta lograr su libertad, porque se trata de una violación grave a los derechos humanos y de acciones tendientes a criminalizar a una comunidad que reaccionó ante la omisión de una autoridad gubernamental de garantizar el derecho a la seguridad y evitar la impunidad frente a actos delictivos.
“El defensor del bosque de la Matlalcuéyetl, en Tlaxcala, enfrenta una pena de hasta cincuenta años de prisión por un delito que no cometió”, subrayó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).
De manera particular, una activista, a través de redes sociales, afirmó que las juezas dictaron un fallo condenatorio en contra de Saúl N., por el simple hecho de ser presidente de usos y costumbres y porque el Ministerio Público, “con el argumento de que era presidente de comunidad”, “una de sus obligaciones era la de salvaguardar la integridad de las personas”, de acuerdo con Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Sin embargo, recalcó, que la juez Olivia Cuapio reconoció que fue la población la que sustrajo a la víctima del linchamiento.
“Las jueces cubren la omisión de los más de 250 policías y del ex secretario de gobierno que por su culpa y por no dar la indicación intervinieron los policías, así lo declaró Ángel Pérez. Saúl realizó diversas llamadas al Secretario de Seguridad Ciudadana, y éste fue omiso aludiendo que él no podía actuar porque no había protocolo de linchamiento”, señaló la activista.
En 2022, estaba vigente Protocolo de Actuación para Prevenir y Atender Casos de Linchamiento en el Estado de Tlaxcala, publicado en 2018, el cual define la cadena de mando para la reacción ante un evento de ese tipo.
De acuerdo con ese protocolo, el primer responsable de actuación y coordinación, con la fuerza pública, ante un linchamiento eran las autoridades municipales y no las comunitarias, pero su facultad no llegaba más allá de notificar a instancias estatales que, a su vez, solicitarían el apoyo de corporaciones federales en caso de que la situación estuviera fuera de control.
El mismo documento, vigente en ese año, establece que en caso de incumplimiento a los principios y conductas establecidas en el “protocolo” por los servidores públicos de las diferentes instituciones, por acciones u omisiones, en el desempeño de sus funciones, se aplicarían las sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
