Por: Ana Laura Vásquez
En los últimos años, hemos sido testigos de una narrativa que se repite con preocupante frecuencia: gobiernos, como el de Tlaxcala, que celebran la disminución en el número de homicidios como si se tratara de un logro digno de medallas y aplausos.
Es cierto que cualquier reducción en las cifras de violencia es un avance deseable; sin embargo, ¿es esto realmente algo que deba presumirse?
El que una persona sea asesinada, sobre todo cuando se trata de un homicidio doloso, representa algo más allá de la pérdida de una vida. Detrás de un homicidio doloso hay un problema público, generado por la violencia e inseguridad, que tiene un impacto social, incluso, en la economía de las familias.
Lo anterior significa que la violencia homicida no es un fenómeno que surja espontáneamente, es el resultado de problemas estructurales que han sido ignorados o mal gestionados durante décadas; por tanto, cuando un gobierno presume una disminución en los homicidios, corre el riesgo de desviar la atención de algunas causas profundas: desigualdad, falta de oportunidades, violencia, impunidad y corrupción.
Sin embargo, el pasado 9 de enero de 2025, el Gobierno de Tlaxcala sí tuvo la osadía de presumir la reducción del número de homicidios en la entidad y enalteció que el estado cerró el año 2024 “entre los siete estados con menos homicidios en México”. Esto es un ejemplo de cuando la tragedia se convierte en propaganda.
Y pareciera que a los gobiernos y a los gobernantes, se les olvida que las estadísticas sobre homicidio son vidas perdidas, son seres humanos. Los números puede que disminuyan, pero el dolor continúa en quienes han perdido un ser querido por homicidio.
En un comunicado de prensa, emitido por la Coordinación de Comunicación Social, el Gobierno local dijo que Tlaxcala concluyó 2024 con 141 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Un total de 141 homicidios es igual a que 141 personas fueron asesinadas con dolo, en Tlaxcala, en tan solo un año: 2024.
Sean 141 o 44, como lo registró Yucatán, que ocupó el primer lugar entre los siete estados con menor número de homicidios dolosos durante 2024, no son números, son personas, son vidas, son familias.
Así que reducir la cantidad de homicidios no significa que los problemas que rodean a este delito hayan sido resueltos, solo que los efectos más letales se han atenuado temporalmente.
La opinión de especialistas refuerza este punto; por ejemplo, el Doctor en sociología, Luis Astorga, considerado el mayor experto en México sobre tráfico de drogas y la evolución de las relaciones entre crimen y política, destaca que los homicidios son un indicador extremo de la violencia, pero no el único.
De manera similar, María Eugenia Suárez de Garay, experta en violencia y seguridad, ha señalado que las reducciones en las cifras pueden ser fruto de factores externos como disputas entre grupos criminales o migración de actividades delictivas, no necesariamente de políticas gubernamentales efectivas.
Cuando se refiere específicamente a los feminicidios, subraya que mientras muchos sectores sociales han entendido que éste no es un problema que compete únicamente a la intimidad de las personas, sino que es un problema social, la respuesta político-institucional ha sido significativa, pero no suficiente para atender, de manera efectiva, la creciente incidencia y la emergencia de los feminicidios que han marcado un umbral en la escalada de la violencia criminal que no ha sido leído adecuadamente por las autoridades locales, estatales y federales.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en uno de sus más recientes comunicados, sostuvo que la actual inseguridad en México es “consecuencia del fracaso del gobierno de AMLO”. Y destacó que 2024 fue “el año con el mayor número de desaparecidos, el segundo peor en delitos que atentan contra la vida y el octavo con mayor tasa de homicidios dolosos”.
De acuerdo con análisis estadísticos de esta organización, “El sexenio concluyó con una tasa de 150.6 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes y 13,596 desapariciones solo en 2024, un 32% más que en 2023”.
“La estrategia de Abrazos no balazos fortaleció la violencia y debilitó la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía”.
Además, las cifras pueden ser engañosas porque la metodología para contabilizar homicidios varía entre estados e instituciones, y no está exenta de manipulaciones o sesgos políticos.
Así que, insisto, celebrar una reducción sin garantizar la transparencia y confiabilidad de los datos es, como mínimo, irresponsable.
Pero incluso si las cifras fueran incuestionablemente precisas, ¿no es acaso el deber fundamental de cualquier gobierno garantizar la seguridad de sus ciudadanos?
Así que, presumir de una reducción en homicidios es equivalente a felicitarse por cumplir con una obligación esencial. Es como si un médico celebrara no haber perdido pacientes en una jornada o que un bombero aplaudiera que no se incendió una casa bajo su vigilancia.
La seguridad no es un lujo ni un regalo, es un derecho, y no debe ser elemento de propaganda política, debido a que un descenso en homicidios no necesariamente implica que una comunidad sea más segura en general.
Presumir una reducción en homicidios puede generar una falsa sensación de seguridad y complacencia tanto en las autoridades como en la sociedad, y esto podría llevar a la relajación de las medidas de prevención y a un retroceso en los avances logrados. La lucha contra la violencia requiere un compromiso constante, no momentos de autoelogio.
En lugar de presumir, los gobiernos y gobernantes deberían enfocarse en construir una narrativa de responsabilidad y transparencia.
Informar sobre las estrategias implementadas, los desafíos enfrentados y los aprendizajes adquiridos no solo es más honesto, sino también más útil para la sociedad, bajo la lógica de que la seguridad es un objetivo colectivo y permanente, no una estadística para inflar egos políticos.
En conclusión, una disminución en el número de homicidios no es un trofeo, sino un recordatorio de que el camino hacia una sociedad justa y segura está lejos de completarse. Los ciudadanos merecen gobiernos que trabajen con seriedad y humildad, y no que busquen el aplauso fácil mientras las raíces de la violencia permanecen intactas.
Ana Laura Vásquez, es periodista de investigación con especialidades en la investigación de temas de seguridad y derechos humanos. Es maestra el Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), diplomada en Protección de Datos Personales, Compliance y Comunicación Estratégica.