Por: Ana Laura Vásquez
El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, expresó su acuerdo con la idea de incrementar los ingresos de la población, establecer una jornada laboral de cinco días, otorgar mayores derechos a los trabajadores y garantizar que las pensiones se basen en el último salario percibido.
Sin embargo, enfatizó la importancia de no tocar los recursos que los trabajadores ya han aportado a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), como pretende hacerlo el Gobierno federal.
Moreira Valdez sostuvo que la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema de pensiones debe especificar claramente la fuente de financiamiento, ya que insiste en que los fondos de las Afores no deben ser utilizados ni transferidos al gobierno, ya que son fruto del esfuerzo de los trabajadores.
El político sugirió como posible solución redirigir los recursos destinados al Fobaproa hacia las pensiones y aplicar cargas impositivas a los individuos más adinerados y a los bancos del país.
Advierte economista esquema de regresión
Al referirse a la reforma vigente en los salarios, el economista Mario Di Costanzo explicó que la tasa de reemplazo establece que, por ejemplo, de 100 pesos como pensión, el trabajador recibe el 40 por ciento. Sin embargo, subrayó que la intención del presidente es que el empleado se retire con la totalidad de los 100 pesos, planteando desafíos sobre cómo lograrlo y cuáles serían sus implicaciones.
Di Costanzo señaló que la propuesta de López Obrador implica que el gobierno administre el ahorro del trabajador, revirtiendo así el esquema utilizado antes de 1997, periodo caracterizado por la opacidad en la gestión de los recursos.
En cuanto a las inversiones en pensiones, comentó que actualmente el gobierno invierte un mínimo del 0.025 por ciento, mientras que el trabajador aporta el uno por ciento y el empleador el 5 o 6 por ciento; por tanto, advirtió que si el gobierno aumenta las pensiones o su contribución, el costo se duplicaría, obligándolo a recurrir a las finanzas públicas, incrementar impuestos o endeudarse.
Como alternativa, el economista propuso que el ahorro voluntario de los trabajadores permita comprar antigüedad, incentivando la acumulación de semanas de cotización.
Señaló que esta medida sería un estímulo para los trabajadores, y el ahorro resultante pagaría una tasa de interés, evitando así la necesidad de tocar las Afores o aumentar la contribución gubernamental.
