Por: Ana Laura Vásquez
Tlaxcala.- Un presunto trato o negociación, formalizado presumiblemente por la titular del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Gabriela Hernández, en representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mantiene libres a todos los integrantes de una red de trata de personas que opera desde Tenancingo, Tlaxcala, y que explotó sexualmente a Estrella, durante tres años.
De esa red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, solo ha sido aprehendido, Francisco N., quien con la táctica del enamoramiento reclutó a Estrella, le prometió matrimonio, la presentó a su familia y luego la obligó a ingresar al mercado de la explotación sexual forzada bajo violencia y amenazas de hacerle daño a los dos hijos que ella procreó con él.
Así lo relató doña Irma, madre de Estrella, el día que los integrantes de la primera Red de Víctimas del Estado de Tlaxcala se reunieron en el patio del Congreso local donde, de viva voz, dieron su testimonio de lo que han vivido como agraviados, directa o indirectamente, de un delito.
“Quiero justicia, exijo justicia”, dijo con voz entrecortada; y para ella no es pedir un favor a la PGJE, sino un derecho que tiene y exige una vez que su hija escapó de la red de tratantes que la explotaba y de que los hijos de esta; es decir, sus nietos, fueron rescatados también de los tratantes.
Doña Irma exigió justicia desde el patio del Congreso de Tlaxcala; días antes, también lo hizo desde el Palacio de Gobierno donde está la oficina de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, aquella mujer que, desde el púlpito de la Cámara de Diputados, el día que tomó protesta, prometió un gobierno con perspectiva de género, y quien durante su campaña electoral se comprometió a combatir la trata de personas dentro del territorio tlaxcalteca, pero en palabras de las víctimas de este delito, no ha cumplido.
Irma exige justicia en Tlaxcala porque es en este estado donde se encontró con problemas en el proceso legal que emprendió en contra de la “organización” criminal que explotó sexualmente a Estrella, durante tres años. Esos problemas de los que habla, los atribuye a un presunto trato del gobierno local con los tratantes para que estos continúen libres.
“Mi problema es aquí en Tlaxcala. La persona que dirige esta organización sigue libre. Es una docente”.
Irma
Irma y Estrella presentaron una denuncia por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual forzada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que estuvo a cargo del procedimiento hasta que logró la aprehensión de Francisco N., el reclutador y explotador de la víctima.
Luego remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), para que continuara la indagatoria en contra de todos los integrantes de la red de tratantes que reclutó, transportó, transfirió, albergó, recibió, retuvo, amenazó y explotó sexualmente a Estrella, y también para que rescatara a sus dos hijos que los tratantes utilizaron para obligarla a explotar su cuerpo en el mercado sexual.
Francisco N., es el reclutador y explotador de Estrella, ahora sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual, pero la red de tratantes de personas de la que él forma parte está integrada por su madre, Reyna N.; su padre, José Luis; además de Israel N., Santiago N., José María N., y Ángel N., originarios de Tenancingo, Tlaxcala, donde los vecinos saben que se dedican a tratar mujeres y a la venta de drogas.
Todos ellos están libres, beneficiados presuntamente por un trato al que llegaron con la titular del CJM, a cambio de que entregaran a los hijos de Estrella, a quienes tenían en su poder.
“Logramos recuperar a estos pequeños, pero ahora la encargada del centro de justicia para las mujeres dice que ella fue a negociar el rescate de mis nietos, no sé qué tenía que negociar, no sé qué negoció porque casi estaba por concluirse la orden de aprehensión para estas personas. Se quedó en un abismo la orden de aprehensión, hubo una negociación”, puntualizó doña Irma.
“No hay seguridad, no hay justicia, no hay nada. La procuradora, Ernestina Carro Roldán quedó muy formalmente que se iba a hacer justicia; no ha habido justicia porque hubo un trato, justicia no hay, la señora sigue libre”, agregó.
Irma tiene a sus nietos de regreso con ella, a su hija también, pero mientras los integrantes de la red de tratantes sigan libres y favorecidos por la impunidad, para ella eso no será justicia, además de que teme por la seguridad de toda su familia y hasta por la de su asesor jurídico. “Ya hubo amenazas de muerte”. Aseguró que los tratantes de los que ella habla han perfeccionado sus métodos de operación para reclutar y someter a la explotación sexual no solo a mujeres adultas o personas que psicológicamente “aguantan el dolor y se conforman”, sino que hay niños reclutados en esta red.
“Yo exijo justicia, exijo que la procuradora dé la cara, que nos diga qué es lo que está pasando, ¿Qué tratos hicieron con estas personas?, ¿Qué tratos están haciendo con la trata?, ¿Los van a seguir dejando trabajar impunemente?. Creo que esto se debe de acabar, no puede haber trato con estas personas; la procuradora debe actuar de la manera correcta porque no es solamente el caso de mi hija, sabemos que hay muchos, cientos de casos más que no dan a la luz”.
Irma
A pesar de su miedo y de las amenazas, doña Irma prefirió hablar públicamente del caso de su hija Estrella porque de esta forma exige justicia, porque así previene que haya más impunidad y porque no quiere que más familias vivan en carne propia lo que ella vive ahora.
“Me dijo la directora del centro de justicia, la señora Gabriela, me dijo ‘ya tiene a sus niños ¿qué más quiere?’. Quiero justicia, exijo justicia porque no es nada más que me hayan entregado a mis niños y ya me voy, no, tengo el compromiso con todas las mujeres, con todas las demás familias porque realmente no quiero que nadie más viva lo que mi familia, lo que mi hija, lo que yo vivo ahora”.
Irma, junto con su hija, se asumió como doblemente víctima; víctima de una red de tratantes de personas por la explotación sexual forzada que vivió su hija, y víctima de la injusticia que toleran autoridades que no hacen nada por ayudar a las víctimas.
“Hay un culpable de todo esto, hay nombre, hay apellido, hay una investigación y la están dejando en el abismo. O sea, ‘ya tienen a los niños, ya qué más quieren, vivan felices’. No voy a vivir feliz, no voy a vivir tranquila hasta que esta señora esté tras las rejas como debe de ser porque es una organización y todos lo saben”.
“Yo no estoy pidiendo, por favor, que me haga justicia, estoy exigiendo mi derecho, que haga justicia por mí, por las víctimas. La procuradora no está queriendo colaborar con las víctimas, ella conoce muy bien el caso de Estrella y no está haciendo nada, únicamente hace trato”.
PGJE presume rescate, pero evita informar sobre red de trata
El día en que los dos hijos de Estrella fueron rescatados, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), presumió el rescate con un comunicado de prensa en el que evitó informar que esos niños estaban en poder de los integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que explotó durante tres años a su madre.
Con ello, la PGJE quita visibilidad y minimiza un problema público que implica la explotación de personas, la violación de derechos humanos y la operación de redes de delincuencia organizada en Tlaxcala, como son considerados los grupos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual y demás fines de la trata.
Según el comunicado de la PGJE, que además fue remitido solo a algunos medios de comunicación previamente seleccionados, “una mujer interpuso la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común al no saber dónde se encontraban sus hijos”.
“Ante ello, se integró la carpeta de investigación de la que autoridades del CJM tuvieron conocimiento y, a través del trabajo de la Policía de Investigación, se hicieron las investigaciones respectivas que dieron como resultado la ubicación de los menores de edad”.
“De forma inmediata, la titular del CJM, Gabriela Hernández Montiel y personal, acudieron al inmueble y al constatar su identidad, se realizaron los protocolos correspondientes para que fueran entregados a su progenitora”.
La dependencia local presumió que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, “mantiene su compromiso de brindar atención gratuita e integral con perspectiva de género para salvaguardar la integridad de las personas víctimas de violencia, sus hijas e hijos”, pero evitó hacer referencia a que los dos niños eran hijos de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y que estaban retenidos como medio para que ella continuara forzada en el mercado de esa modalidad de explotación.
