La ruta de México a Perú
La ruta de México a Perú
Un caso de lavado de dinero
Por:
Ana Laura Vásquez
La ruta que recorrió el dinero de Jesús, de México a Perú y el cómo ingresó a las ganancias legítimas de los casinos, es una modalidad de lavado de dinero, de acuerdo con lo que describe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe: Las Vulnerabilidades del Sector de Casinos y Juegos de Azar 2009.
Además, se trata de delincuencia transnacional, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), referida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en su edición Delitos Transnacionales, definió en 1995 como los “delitos cuya iniciación, prevención y efectos directos o indirectos afectan a más de un país”, y enlistó en ellos el lavado de dinero, actividades terroristas, robo de arte y cultura, tráfico de armas, secuestro de aviones, crimen informático, y otros.
“El ecosistema criminal es poderoso y complejo. Igual que las compañías de servicios en línea, está fragmentado en muchas organizaciones pequeñas y especializadas”, según lo describe Alejandro Pisanty en su obra Llámame Internet.
Y así como las empresas destinan recursos y personal para implementar un área de ciberseguridad dedicada a proteger los datos que guardan de posibles ataques cibernéticos, por el lado de los ciberdelincuentes hay programadores, hackers, matemáticos, ingenieros y demás especialistas que saben cómo romper los esquemas criptográficos más avanzados.
Clonar una página electrónica implica dolo; y la forma de operar este sistema para cometer fraudes requiere de delincuencia organizada en el espacio físico y en el ciberespacio para consolidar el delito y luego para mover los fondos obtenidos ilícitamente.
El GAFI describe a los casinos como instituciones no financieras, pero que entre su operación con la oferta de entretenimiento realizan actividades que los hacen similares a una institución financiera; aceptan fondos en cuenta, intercambian dinero, realizan transferencias de dinero, cambio de moneda extranjera, servicios de valor almacenado, cambio de cheques; etc., servicios que tienen disponibles las 24 horas del día. Por estas características y servicios los casinos son vulnerables al blanqueo de capitales.
El organismo internacional explica que depositar fondos en una cuenta de casino es una técnica de lavado de dinero; el casino que administra la cuenta es el mecanismo para llevar a cabo el delito y los fondos depositados son el instrumento. Aunque aclara que depositar fondos solo puede considerarse una acción ilegal cuando el dinero es producto de una actividad ilícita; y la técnica, el mecanismo e instrumento se unen para darle forma legal.
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Sobre el lavado de dinero
En las metodologías e indicadores de lavado de dinero, el GAFI aplica los siguientes conceptos:
Método: un procedimiento particular para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Hay más distinciones en el concepto de método de lavado de dinero:
Técnica: una acción particular o forma en que se realiza la actividad, por ejemplo, comprando un cheque de caja.
Mecanismo: un sistema o cosa que lleva a cabo parte del proceso. Un ejemplo de mecanismo de lavado de dinero es un casino.
Instrumento: un objeto de valor (o valor representativo) que se utiliza de alguna manera en el proceso de lavado de dinero; por ejemplo, un cheque de casino o fichas de casino.
Asimismo, son indicadores de lavado de dinero utilizando cuentas de un casino: los depósitos frecuentes de efectivo, transferencias bancarias a la cuenta del casino, los fondos retirados de cuenta poco después de ser depositados, transacciones a la cuenta del casino realizadas por personas distintas del titular de la cuenta y el uso de terceros para realizar transferencias bancarias y estructuración de depósitos.
La forma en que se movió el dinero que Jesús depositó a la cuenta de Ana Castillo Gómez, supuesta representante legal de Cementos Cruz Azul, por la compra de una camioneta de flotilla que supuestamente remataba la cementera, reúne esas características.
Transfirieron los fondos a través de la banca electrónica hacia las cuentas de los casinos Fiesta Casino Benavides y Golden Investment, además de la firma Corporación Turística N., todos con domicilio en Lima, Perú.
Jesús depositó el dinero a las 10:59 horas del 11 de marzo de 2015; un total de 112 mil pesos. A las 04:12 horas del día siguiente hicieron cuatro transferencias con diferencias de segundos a la cuenta de Fiesta Casino Benavides, cada una por la cantidad de 7 mil 856.39 pesos.
Los días 13, 14, 15 y 16 del mismo mes y año, la cuenta a nombre de Castillo Gómez solo registró movimientos con cantidades mínimas por pagos a Paypal, disposiciones en cajero y cobro de comisiones por esas operaciones.
El día 17, la cuenta bancaria recibió dos depósitos más, cada uno por 70 mil pesos que se sumaron al dinero previamente depositado por Jesús. A las 11:39 horas de esa fecha y con diferencia de segundos, hicieron siete transferencias, una por 7 mil 682.11 pesos y el resto por 7 mil 726.45, a la cuenta de la casa de juegos Fiesta Casino Benavides; y dos más por 7 mil 751.46 pesos, a la cuenta del casino Golden Investment S.A.
En suma, la cuenta bancaria a nombre de Ana Castillo Gómez recibió de febrero a marzo de 2015, la cantidad de 320 mil pesos, por parte de seis personas que compraron vehículos supuestamente a Cementos Cruz Azul y Barcel, fondos que fueron trasladados a través de la banca electrónica a los establecimientos en Perú.
Por ejemplo, el 20 de febrero a las 09:27 horas, recibió en México un depósito de 140 mil pesos por la compra de una camioneta a Cementos Cruz Azul.
Según el estado de cuenta expedido por el banco Banorte y certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cuentahabiente transfirió el dinero durante los tres días posteriores, en montos de 22 mil 874. 60 pesos, 7 mil 600 y 7 mil 731 pesos a los casinos Fiesta Casino Benavides, Golden Investment y la firma Corporación Turística N. También hizo pagos a MercadoLibre por 279, 135 y 320 pesos.
El seis de marzo, recibió otro depósito de 52 mil 500 pesos; luego uno más, el día nueve, por 30 mil pesos, y así en fechas posteriores recibió depósitos por la compra y apartados de vehículos que se movieron en horarios similares con diferencia de segundos hacia las cuentas de las tres empresas.
En los registros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), organismo con sede en Perú, consta que la empresa Thunderbird Fiesta Casino Benavides es propietaria de la sala de juegos Fiesta Casino. La firma obtuvo en 2017 dos renovaciones para la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas; explota 33 mesas de juego y 402 máquinas según las resoluciones directorales.
Inició actividades de juegos de azar y apuestas en julio de 2007 y desde 2016 expide comprobantes electrónicos y está inscrita al Régimen de Agente de Retención, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
En octubre de 2017, la empresa chilena Sun Dreams compró el casino a la firma Thunderbird, junto con otros tres establecimientos del mismo giro, por un monto de 26 millones de dólares.
En la base de datos de la SUNAT, la firma Corporación Turística N., registra actividades “de alojamiento para estancias cortas” desde 2009 y no tiene actividad de comercio exterior.
Asimismo, ante el Mincetur, la empresa Golden Investment S.A., es propietaria del Casino Golden Palace, que en 2016 renovó su autorización para explotar 30 mesas de juego y 786 máquinas tragamonedas. Esta firma inició actividades de juego y apuestas desde mayo de 1997 y también desde mayo, pero de 2015 es emisor electrónico.
La descripción de cómo se movió el dinero, de México hacia los casinos en Perú, que obtuvieron los ciberdelincuentes por las estafas con el falso remate de flotillas por Internet podría configurar el delito de lavado de dinero. Sin embargo, las procuradurías locales, aunque no han resuelto ningún caso, llevan años en la investigación específica del delito de fraude con esas características; no hay indicio de que consideren la posibilidad de que detrás de esa estafa hay blanqueo de capitales.
El GAFI en su informe de evaluación sobre Medidas anti Lavado y contra la Financiación del Terrorismo en México, publicado en 2018, considera que a pesar de que el país produce buena inteligencia financiera, no posee una política integral y proactiva que priorice la investigación financiera y el procesamiento del lavado de activos como un delito autónomo.
“Las partes componentes -la inteligencia financiera, la investigación, el procesamiento y las sanciones- no están funcionando congruentemente para mitigar los riesgos de lavado de activos”.
Esto se traduce en una tasa de condenas, por lavado de dinero, extremadamente baja, condición que revela “un alto grado de ineficacia” en el modo en que se inician las investigaciones, sin fundamento; en cómo se conducen, con deficiencias de metodología de investigación, procedimientos extremadamente largos, falta de coordinación interna entre los diferentes organismos especializados a nivel federal y estatal y falta de experiencia.
“Las deficiencias identificadas, por ejemplo, la PGR no busca ninguna asistencia de manera proactiva a través de mecanismos de cooperación internacional cuando el delito tiene algún componente transnacional, tienen un impacto negativo sobre la investigación de lavado de activos”.
Por tanto, el organismo internacional recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), priorizar la investigación del lavado de dinero tal como prioriza el narcotráfico y delincuencia organizada; y considerar la importancia de tener acceso a herramientas de cooperación internacional con el fin de recabar evidencia de otros países y asegurar activos ubicados en el exterior.
El GAFI también sugirió a la FGR realizar investigaciones paralelas con la información que genera la Unidad de Investigación Financiera sobre otros delitos que pudieran representar riesgo de lavado de dinero.
El Gobierno mexicano manifestó ante el GAFI que cuando hay fundamento para creer que se cometió un delito determinante, la FGR inicia una investigación y persigue penalmente ambos delitos juntos; no obstante, el organismo internacional observó que las cifras “cuentan otra historia” y que se puede inferir que cuando la unidad de competencia inicia una investigación por corrupción o delincuencia organizada, muy rara vez inicia una investigación paralela sobre blanqueo de capitales.
Por ejemplo, en 2016 la FGR, según datos del GAFI, reportó dos mil 173 averiguaciones previas por tráfico de drogas, mil 702 por corrupción, 455 por delitos fiscales y apenas 178 por lavado de dinero.
Así, el GAFI concluyó que la FGR no persigue casos de lavado de activos internacional complejos y que las autoridades no son proactivas en la búsqueda de asistencia para la cooperación internacional de manera adecuada y oportuna para perseguir el lavado de activos y los delitos determinados asociados que tengan elementos transnacionales, como consecuencia de la falta de capacidad para realizar investigaciones financieras paralelas y priorizar el rastreo de activos.