Según el IMCO, los partidos están obligados a publicar reportes de gasto de actividades ordinarias.
Comparte con los demás.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló diversos riesgos de transparencia en el uso de recursos públicos y garantía de “piso parejo” durante la elección de candidatos para el proceso electoral de 2024, y propuso que los gastos del periodo ordinario se reporten en tiempo real en el sitio web del INE.

Esto porque, tras un primer análisis, dicho centro de investigación en política pública consideró que las elecciones internas de Morena y del Frente Amplio por México podrían considerarse un acto anticipado de precampaña, lo que violaría la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) al haber adelantado hasta cinco meses las acciones de campaña presidencial.

Sin embargo, tras presentarse denuncias bajo este argumento contra ambas coaliciones, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que estos actos se realizan como procesos internos de los partidos, y únicamente instruyó a no llamar al voto, impuso restricciones en la propaganda y exigió un control de los recursos utilizados en estas campañas.

Según explica el IMCO, los partidos están obligados a publicar reportes de gasto de actividades ordinarias, a través del Sistema Integral de Fiscalización, para informar al INE y a la ciudadanía sobre el uso de estos recursos públicos.

Además, la LGIPE establece que la Unidad Técnica de Fiscalización se encarga de auditar documentos financieros, elaborar reglamentos para la fiscalización y vigilar el orden y uso de recursos públicos.

¿Qué riesgos presenta la elección interna de candidatos rumbo a 2024, según el IMCO?

Los procesos internos para elegir candidatos presidenciales rumbo a 2024 pueden generar confusión porque están ocurriendo en un periodo ordinario y no durante campañas presidenciales, lo cual presenta los siguientes riesgos considerados por el IMCO:

1.- El reporte y gasto de recursos se presta a interpretación y discrecionalidad, lo que podría conceder ventaja a los actores políticos que gasten mayores recursos.

2.- Las resoluciones de autoridades electorales siguen en curso y son inciertas; en particular, los acuerdos del INE son medidas cautelares que aún deben ser analizadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3.- Aunque las reglas de procedimientos electorales y fiscalización de partidos políticos son claras, podrían resultar insuficientes, ya que los procesos internos podrían actuar por encima de estos lineamientos, lo que debilitaría el papel del órgano electoral y la integridad de las elecciones.

4.- Finalmente, existe un rezago en la publicación de gastos de los partidos políticos que limita la contabilidad de recursos, debido a que el informe anual será publicado hasta inicios de 2024 y será fiscalizado en los siguientes 60 días, con lo que el INE tendría un rezago de hasta casi un año en la verificación del origen y aplicación del gasto.