Los grupos criminales en México no solo han tomado el control del aprovechamiento y comercialización de los recursos forestales, sino que se han infiltrado en asambleas ejidales y comunales, el máximo órgano de toma de decisiones de los núcleos agrarios.
Así lo advirtió el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), tras criticar la escasa presencia del Gobierno mexicana en la defensa de los territorios forestales.
La organización también lamentó la reducción del presupuesto para la protección y conservación de las zonas boscosas.
Señaló que lo anterior ha facilitado el ingreso de delincuencia organizada para apropiarse del aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera y otros productos forestales.
“El gobierno federal carece de una estrategia orientada para detener ese proceso destructivo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo opera un programa para atacar la tala ilegal”, expresó.
Aseveró que el país pierde, según datos oficiales, alrededor de 208 mil hectáreas de bosques y selvas al año por deforestación y cambio de uso de suelo.
Y si se detuviera la deforestación, podría captar el equivalente a unos 30 millones de toneladas de bióxido de carbono, y el fortalecimiento del manejo forestal comunitario permitiría la absorción de 35 millones de toneladas de ese gas.
Sin embargo, en los últimos ocho años se han registrado severos recortes presupuestales a los organismos federales encargados del manejo forestal y la conservación de los recursos naturales.
Como consecuencia de la precariedad, las instituciones recortaron personal, perdieron presencia en los territorios y eso significa que no cumplen su responsabilidad vigilar los bosques para su protección.
El CCMSS aseveró que México ya cuenta con 225 áreas naturales protegidas, que abarcan 93.9 millones de hectáreas bajo protección federal, pero el presupuesto disponible para ese fin equivale 15 pesos por hectárea.
