Por: Prensa local
Una decena de mujeres; esposas, madres y hermanas de reclusos, se encadenaron a las vallas que protegen el edificio del Palacio de Gobierno del Estado de México para pedir la liberación de sus familiares, que aseguran fueron detenidos de manera injusta y acusados de delitos que no cometieron.
Las manifestantes, que forman parte del Colectivo Haz Valer mi Libertad, denunciaron fallas al debido proceso, fabricación de delitos, violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias.
“Nosotras como familiares estamos rotas y no somos mujeres completas, estamos rotas como madres porque siempre nos preguntamos, ¿cómo estarán nuestros hijos en el penal?, ellos no son criminales, no son delincuentes”, expuso Celia Arroyo, madre de Daniel Plácido, acusado de homicidio en 2015.
Frente al edificio ubicado en el centro de Toluca, las mujeres amarraron con cadenas y candados una de sus manos a las estructuras metálicas, mientras en la otra portaron carteles con las fotografías de sus familiares.
Demandaron una audiencia con el Gobernador de la entidad para que revisen 24 casos de Personas Privadas de la Libertad (PPL’S) acusados presuntamente de homicidio, secuestro y extorsión.
“Mi esposo ya lleva 10 años en la cárcel, pagando por un delito que no cometió nos han desgraciado la vida y nos han marcado por la injusticia. Le pedimos al gobernador que nos atienda porque ya van varios años que estamos aquí en pie de lucha y nunca nos ha dado la cara”, comentó, Carmen Flores. Su esposo fue acusado de asesinato en 2013 en el municipio otomí de Temoaya.
Señalaron que, en la mayoría de los casos, sus presos fueron criminalizados por su color de piel, condición socioeconómica, nivel escolar y lugar de origen por parte de los jueves mexiquenses, sin que “hubiera pruebas contundentes” de la comisión del ilícito.
“En el Estado de México se ensañan con los personas más pobres, los jueces los han tratado como culpables y han violentado el derecho a la presunción de inocencia y la debido proceso (…) Lo que hemos vivido con el gobierno es indiferencia ante la injusticia, nuestra exigencia es hablar con el gobernador, porque hemos hecho de todo y nos ha tomado en cuenta; queremos que como recibe a los empresarios, no reciba a nosotros las mujeres defensoras de la libertad”, dijo, Laydi Plácido, representante del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”.
Argumentaron que, a pesar de manifestarse en diferentes ocasiones, desde hace tres años, cuando raparon sus cabelleras y escribieron con su sangre el nombre de sus presos, los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial han sido omisos a sus exigencias y sus casos no han sido sometidos a una revisión para sean beneficiados con la Ley de Amnistía.
“Su falta de empatía es avasalladora, no nos dan una solución a los casos se injusticia que viven nuestros familiares, el presidente del Poder Judicial en el discurso público dice que ningún inocente debe estar en prisión y aunque sabe que los compañeros son inocentes los mantienen en prisión”, advirtió.
Traslado de presos
Acusaron que tras el traslado de reos de cárceles estatales a prisiones de otros estados con el objetivo de combatir la sobrepoblación penitenciaria se les ha dificultado visitar a sus familiares desgastando su economía y dañándolos emocionalmente porque no pueden visitarlos.
“Hoy ya no está mi hijo; se lo han llevado al estado de Nayarit, hoy no lo puedo ver como antes, lo veo cada dos meses porque la economía ya no da para más” dijo, Celia.
El Colectivo Haz Valer Mi Libertad estima qué hay al menos 19 mil internos en los penales mexiquenses injustamente presos y sentenciados por delitos de alto impacto.
