Por: Ana Laura Vásquez
El Gobierno de Tlaxcala ha levantado la voz para exigir una disculpa pública al empresario José Luis Salinas y a legisladores de Morena y PT por los comentarios clasistas y discriminatorios que han circulado en redes sociales y espacios mediáticos en agravio del estado y sus habitantes. Es un reclamo legítimo, sin duda, porque Tlaxcala, como cualquier entidad federativa, merece respeto ya que no es una caricatura ni una broma recurrente: es una tierra con historia, con identidad y con ciudadanos que con mucho esfuerzo salen adelante y merecen dignidad.
Sin embargo, este acto de indignación oficial se desmorona cuando se confronta con los hechos que emanan del propio Palacio de Gobierno. Porque mientras las autoridades estatales se envuelven en la bandera de la defensa del orgullo tlaxcalteca y del amor a Tlaxcala, son precisamente las que han contribuido sistemáticamente, desde el poder, a la marginación de los propios tlaxcaltecas.
¿Dónde está la coherencia de un gobierno que reclama discriminación hacia su pueblo, pero que ha instalado a personas originarias de Morelos, la Ciudad de México, Puebla, Estado de México e Hidalgo en los cargos más altos del aparato estatal? ¿Qué mensaje manda a sus ciudadanos cuando la Secretaría de Gobierno —el segundo cargo más importante del Poder Ejecutivo— está en manos de un funcionario originario de Morelos, para cuya designación se tuvo, incluso, que reformar la Constitución Política del Estado de Tlaxcala?
¿Es este el amor a Tlaxcala y el orgullo tlaxcalteca del que tanto se habla, uno que solo sirve para discursos, pero no para gobernar Tlaxcala con los tlaxcaltecas?
Dicen que la verdad no peca, pero incomoda, y la verdad es que el pueblo de Tlaxcala ha sido desplazado en su propia casa. Las decisiones más sensibles para el estado no están en manos de quienes conocen sus comunidades, su historia o sus necesidades desde dentro, sino en las de funcionarios y servidores públicos foráneos, colocados estratégicamente por vínculos políticos o favores personales. Y lo que debiera ser una administración de puertas abiertas para los tlaxcaltecas se ha convertido en un enclave de intereses externos.
Y lo más grave es que Tlaxcala sí cuenta con personas capacitadas. Muchos jóvenes y profesionistas originarios del estado han emigrado a otras entidades para formarse en las mejores instituciones de educación superior del país. Otros, incluso, han cruzado fronteras y se han preparado en el extranjero con la intención de regresar a su tierra y contribuir a su desarrollo, pero cuando vuelven, se topan con una realidad desalentadora: un gobierno que les cierra las puertas, que no los reconoce, que no les da oportunidad de servir en su propio estado. La meritocracia no existe cuando lo que importa son los apellidos, las redes y las lealtades foráneas.
Algunos políticos tlaxcaltecas, con prontitud, condenaron los comentarios discriminatorios vertidos por el hombre de negocios y los legisladores de Morena y la izquierda. Los calificaron de ignorantes, ofensivos y de una burla hacia la entidad. Pero, paradójicamente, ante la exclusión sistemática de sus propios paisanos en el acceso al poder público, esos mismos políticos tlaxcaltecas han preferido guardar un silencio cómplice y son incapaces de señalar la discriminación estructural que se ejerce desde el interior del propio gobierno estatal.
Es cierto: algunos tlaxcaltecas sí han sido incluidos en el aparato gubernamental, pero no precisamente por méritos ni por su preparación académica, sino por su utilidad política; y aunque varios de ellos han cometido graves errores administrativos, decisiones cuestionables y omisiones evidentes, lejos de recibir sanciones, han sido premiados y tolerados, protegidos por la lógica de la lealtad ciega, no por un compromiso con la ciudadanía.
La paradoja es indignante: se exige respeto desde fuera mientras se practica la exclusión desde dentro.
¿Cómo puede un gobierno hablar con autoridad moral sobre discriminación y exigir respeto si no garantiza que los tlaxcaltecas tengan prioridad en la conducción de sus propios asuntos? Esta no es una crítica a las capacidades de los funcionarios foráneos, sino al desprecio sistemático hacia el talento local. Tlaxcala no está exigiendo que se le respete por lo que es, sino por lo que finge ser.
El clasismo no solo se manifiesta en burlas mediáticas, también se perpetúa cuando se niega a los locales el derecho de representarse a sí mismos. Cuando el gobierno estatal rehúye la formación de cuadros propios y se somete a la tutela de actores externos, está enviando un mensaje devastador: que no confía en su gente, que no cree en los suyos, que los desprecia, discrimina y hasta violenta.
Por eso, mientras el gobierno de Tlaxcala no haga una profunda autocrítica sobre la exclusión institucional que ha ejercido contra sus propios ciudadanos, su exigencia de disculpas quedará vacía. No se puede pedir respeto si no se empieza por practicarlo desde adentro.
¿A quién representa realmente la actual administración pública del gobierno de Tlaxcala? ¿A los tlaxcaltecas o a los intereses que lo instalaron desde afuera?
El respeto se construye, no se impone. Y en Tlaxcala, hace falta comenzar el respeto y la disculpa pública desde casa.