Morir por un suicidio consumado o por un intento de suicidio dentro de un Centro de Readaptación Social (Cereso), es una violación a los derechos humanos de las Personas Privadas de su Libertad (PPL) por la comisión de un delito; y el Gobierno de Tlaxcala, desde la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar, ya suma dos casos.
El pasado cuatro de noviembre, públicamente se conoció de la muerte por un presunto intento de suicidio de Humberto N., quien purgaba una condena de 70 años de prisión dentro Cereso de Tlaxcala donde estaba catalogado como paciente psiquiátrico; es decir, que debía estar sujeto a tratamientos de salud mental especializada.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el suicidio o intento de suicidio dentro de un centro de reinserción, representa una violación a los derechos humanos porque las autoridades penitenciarias deben contar con datos médicos, psicológicos y sociales de las personas privadas de su libertad para detectar sus necesidades específicas y desarrollar mecanismos para su tratamiento, en caso de una discapacidad psicosocial.
No cumplir con esa garantía también acredita la violación a los derechos humanos y una práctica de tortura por discriminación, al no otorgar el acceso más alto de nivel posible de salud física y mental que incluye el contacto con familiares del sentenciado o procesado.
Según reportes policiales, los compañeros de celda encontraron a Humberto N., colgado con un cinturón atado al cuello y en ese momento lo auxiliaron porque, aunque estaba inconsciente, aún tenía signos vitales.
Fue trasladado al Hospital General de Tlaxcala (HGT) donde finalmente los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de un aparente intento de suicidio. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizó el levantamiento del cadáver e inició con las investigaciones, toda vez que ningún familiar acudió a reclamarlo, incluso el fallecido ya no recibía visitas en el Cereso.
En septiembre pasado, otro hombre, en condición de persona privada de su libertad en el Cereso de Apizaco, fue encontrado en el interior de su celda suspendido y con trapos alrededor de su cuello.
En su momento, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, confirmó el deceso de quien era conocido como “La Yegua”. La principal línea de investigación de esa muerte dentro del penal, según lo dijo el funcionario, fue el suicidio.
Por este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de la Cuarta Visitaduría, abrió el expediente de queja CEDH/CVG/32/2022.
La CNDH ha emitido recomendaciones por eventos similares; por ejemplo, en marzo de este 2022, emitió una en contra del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por el suicidio de una mujer dentro del Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO).
El organismo autónomo consideró que la mujer fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por no recibir tratamiento óptimo para su salud mental y con ello prevenir su suicidio; hechos que también calificó como prácticas de tortura por discriminación.
