**El funcionario es originario de Morelos y pesa sobre él un historial por deudor alimentario.
Favorecida por una reforma a la Constitución Política de Tlaxcala, que los diputados locales, los ayuntamientos y el mismo gobierno local impulsaron y avalaron en menos de siete días, la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros le otorgó a su ahijado, Luis Antonio Ramírez Hernández, el nombramiento de secretario de Gobierno.
Con ello, Ramírez Hernández se convirtió en el primer ciudadano de Morelos en asumir la titularidad de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, cargo público que por mandato constitucional debía ocupar una persona nacida tlaxcalteca y con más de siete años de residencia en la entidad.
No obstante, en una ceremonia a puerta cerrada, celebrada el primero de noviembre en el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Cuéllar Cisneros le tomó protesta Ramírez Hernández.
El nuevo secretario de Gobierno de Tlaxcala es originario de Morelos y es ahijado de la mandataria local, emanada de Morena, debido a que ella y su esposo fueron sus padrinos cuando éste contrajo nupcias con Tania Rodríguez González, de quien después se separó y en el trámite de divorcio ella reclamó el pago de pensión alimenticia para el hijo que procrearon.
En un comunicado de prensa, la Coordinación de Comunicación Social informó que la designación está basada en las cualidades profesionales de Ramírez Hernández.
“Refrendo mi confianza en sus atributos profesionales y aptitudes de sensibilidad humana para favorecer la mejor conducción del Ejecutivo con los demás poderes y órdenes de gobierno”, cita el comunicado de prensa con declaraciones atribuidas a la mandataria local y al funcionario.
Según el comunicado, la amplia trayectoria del nuevo secretario de Gobierno de Tlaxcala en el ámbito público es clave para fortalecer el Estado de derecho, la cultura del respeto y protección de los derechos humanos, así como la convivencia armónica, la paz social, la inclusión de todas las comunidades y el fomento al bienestar de los tlaxcaltecas.
Ramírez Hernández cuenta con estudios profesionales en derecho y se ha desempeñado en cargos de asesoría jurídica y administrativa tanto en el ámbito gubernamental como parlamentario.
Entre sus últimos encargos públicos, está la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala (SMA), en la que exempleados denunciaron presuntos actos de corrupción y lo responsabilizaron directamente a él.
Según el comunicado de prensa, al asumir el cargo, Ramírez Hernández llamó a la unidad a todos los servidores públicos y los convocó a buscar consensos y acuerdos que antepongan el interés del estado por encima del bien particular.
“Con la suma de voluntades de todas las fuerzas políticas, la participación social, los órdenes de gobierno, con respeto de su autonomía se logrará el Tlaxcala que todos queremos; se tiene el reto de mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país, por lo que se tomará como herramienta los acuerdos que se han tomado en los dos primeros años”, indicó.
Deudor alimentario
Sobre el nuevo secretario de Gobierno pesa el antecedente de ser un deudor alimentario, al presuntamente negarse a pagar la pensión alimenticia de su menor hijo; según lo denunció desde 2022 su exesposa, Tania Rodríguez González.
En su momento, la mujer acusó también a la gobernadora de favorecerlo con acciones irregulares para que no cumpliera con esa obligación a favor del menor de edad, quien enfrentaba condiciones especiales debido a que nació prematuro.
El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, así como la colectiva Ley Sabina Morelos, respaldaron a la exesposa del funcionario del Gobierno de Tlaxcala, quien al momento de la denuncia por incumplimiento de pensión alimenticia era secretario de Medio Ambiente en el mismo estado.
Aún con esos antecedentes y después de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma constitucional de los artículos 38 y 102 para implementar la llamada “3de3 feminista” para la prohibición de que deudores alimentarios, agresores sexuales y violentadores pudieran ocupar un cargo o comisión en el servicio público, el funcionario permaneció en la estructura organizacional del Gobierno de Tlaxcala.
Tlaxcala fue el onceavo estado en aprobar la reforma constitucional, “3de3 feminista”, en medio de la denuncia pública y por la vía legal en contra de Ramírez Hernández por no cumplir con la pensión alimenticia de su hijo.
Favorecido por ajustes a modo en la Contitución
Antonio Ramírez Hernández, ahora secretario de Gobierno de Tlaxcala, fue favorecido por una reforma a modo en la Constitución Política local, que establecía que solo una persona nacida en Tlaxcala y con más de siete años de residencia en la entidad podía ocupar ese cargo.
Él es originario de Morelos, así que para que pudiera tomar protesta, entre la Cámara de Diputados de Tlaxcala, el Gobierno local y los ayuntamientos reformaron y aprobaron, en menos de una semana, el artículo 67 de la Carta Magna local.
El artículo 67 de la Constitución Política de Tlaxcala, estipulaba que, para ser secretario de Gobierno, era necesario “ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la designación”, y “no ser ministro de algún culto religioso”.
Sin embargo, los legisladores, a propuesta del diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, modificaron ese artículo para eliminar ese candado legislativo y permitir que un foráneo asumiera la titularidad de la Segob.
Asimismo, redujeron a tres años el requisito de residencia, y de esta forma el ahijado de la gobernadora, emanada de Morena, se convirtió en el nuevo responsable de la política interna de Tlaxcala.
El beneficio político podría ser mayor, debido a que la Constitución local prevé que en caso de que Cuéllar Cisneros se ausente de la Gubernatura local, será el secretario de Gobierno en turno, es decir su ahijado, quien lo suplirá en los términos de los artículos 62 y 68.
Por lo pronto, Ramírez Hernández solo es el beneficiario de la reforma al artículo 67 de la Carta Magna local, en el que fue eliminado el requisito de ser tlaxcalteca para ser secretario de Gobierno.
La propuesta de reforma fue presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero, el pasado 10 de octubre y el 26 del mismo mes fue avalada por 24 de los 25 legisladores locales.
El diputado del PRD, Manuel Cambrón Soria, fue el único que se opuso y acusó que se trataba de un procedimiento legislativo con “dedicatoria” a fin de favorecer a personas que no cumplen los requisitos para encabezar la Secretaría de Gobierno, principalmente el de ser tlaxcalteca.
“Abre la puerta para que lleguen personajes oscuros, extraños a la vida política de Tlaxcala; que se vaya a ser secretario de Gobierno de Morelos, en donde su Constitución si exige para el cargo ser morelense”, expuso en su momento al referirse a Luis Antonio Ramírez Hernández.
El mismo 26 de octubre, cuando el Pleno del Poder Legislativo avaló la reforma, la Secretaría Parlamentaria remitió el proyecto de decreto a los 60 ayuntamientos para que dieran su aprobación conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución local.
Para el 31 de octubre, los cabildos de 34 ayuntamientos votaron a favor de la reforma, con lo que la reforma adquirió el rango constitucional para ser publicada en el periódico oficial.
Inmediatamente, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el mismo 31 de octubre. De acuerdo con el artículo segundo transitorio del documento de reforma, el decreto entraría en vigor al momento de su publicación.
Lo anterior significa que la reforma constitucional ya era vigente, al primero de noviembre, para que su ahijado, Luis Antonio Ramírez Hernández tomara protesta como secretario de Gobierno.
Cuéllar Cisneros instruyó la publicación con carácter de urgente en un tomo extraordinario del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Entre los diputados, los ayuntamientos y el gobierno local realizaron todo el procedimiento para reformar la constitución en 22 días, aunque en menos de siete días la votaron, aprobaron y publicaron. La propuesta de reforma fue presentada el 10 de octubre; el 26 del mismo mes quedó aprobada por 24 de los 25 diputados locales, para el 31 de octubre la avalaron 34 de los 60 ayuntamientos tlaxcaltecas, ese mismo día fue publicada en el periódico oficial y el primero de noviembre, a puerta cerrada, la gobernadora le tomó protesta a su ahijado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno sin la necesidad de ser tlaxcalteca de nacimiento.
