Diputados y diputadas de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados de Tlaxcala adelantaron su voto en contra de la reforma judicial recién aprobada en el Senado de la república porque, en su opinión, esta debe priorizar la preparación técnica y de carrera judicial de los jueces y no su elección en “tómbolas o loterías”.
Pese a la posición en contra, la aprobación de la reforma judicial en el Poder Legislativo local es inminente, debido a que Morena tiene mayoría y los diputados de este partido están a favor de la reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial.
“La reforma al poder judicial, presentada por el Ejecutivo, se fundamenta en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. Esta reforma propone garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los ciudadanos, y con ello lograr que los derechos de cada persona sean protegidos”, expuso Bladimir Zainos, diputado local del bloque de Morena y aliados.
En tanto, legisladores del PAN, PRD y partidos locales, considerados de oposición, se manifestaron en contra de la reforma en los términos en los que fue aprobada por el Senado mexicano.
Por ejemplo, Héctor Ortiz, diputado del partido local Alianza Ciudadana (PAC), aseguró que no votará a favor porque, aunque la reforma judicial es necesaria, no es viable la elección de los jueces en “tómbolas o loterías”.
“La reforma es necesaria, pero no en los términos que está planteada, sino que hay que darle mayor prioridad al tema de la capacitación técnica de los juzgadores”, indicó.
Subrayó que si la reforma al Poder Judicial se enfoca, principalmente, en la capacitación técnica y de carrera judicial de los jueces y toda la estructura de ese poder; entonces, no tendría conveniente en emitir un voto a favor.
“El asunto es bastante serio porque es la estructura de un poder, la estructura de uno de los poderes del Estado, en la base que se sustentan los sistemas democráticos contemporáneos. Ese será el gran mérito de una iniciativa bien hecha”, señaló.
“El asunto es tan serio, que no hay que actuar con tanta premura y con tanta ligereza para atender un tema tan complejo como es la integración de uno de los tres poderes del Estado”, añadió.
A su vez, las diputadas Miriam Martínez, Laura Flores y Blanca Águila, de la oposición, también adelantaron un voto en contra porque para ellas la reforma representa una regresión y concentración de poder en el Ejecutivo federal.
“Estamos en contra de una politización del Poder Judicial, se han advertido contra intentos del gobierno para impulsar reformas judiciales como una herramienta para influir o someter al poder judicial a intereses partidistas, especialmente en un partido como el que está en el poder, en el que busca, a como dé lugar, el control en las instituciones”, afirmó Martínez, diputada del PAN.
Águila expuso que la reforma desafía la posibilidad de instituir un sistema judicial a la altura de las circunstancias del México actual.
“Es innegable la necesidad de buscar rutas que conviertan al Poder Judicial en un poder fortalecido que dé confianza a la ciudadanía sobre sus actuaciones y que anteponga la búsqueda de la justicia ante cualquier interés que ponga en riesgo la tranquilidad y seguridad de las personas”, expuso.
Sin embargo, en su opinión, la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya aprobada por el Senado no tiene ese objetivo, sino el hacer realidad “una decisión presidencial carente de análisis”.
“No dejemos que esta simulación democrática provoque un retroceso en nuestro sistema de justicia. Seamos claros, según los términos de la reforma, la gran propuesta de las candidaturas serán propuestas por el poder y sus aliados, ya sea por el Ejecutivo o el Legislativo; es decir, cuando las personas que resulten seleccionadas para someterse al supuesto tamiz electoral vayan en busca del voto popular, gane quien gane, el resultado se reflejara en un Poder Judicial supeditado a las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo federal, del partido en el poder y sus aliados”, acentuó.
La legisladora expuso que lo anterior no significa un acto de democracia, sino una acción que derrumba la autenticidad y autonomía de los poderes de la unión.
