En Tlaxcala, víctimas indirectas de feminicidio y activistas impulsan la campaña “Caminemos juntas hacia la justicia”, previa a la marcha del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. | Fotografía Redacción HGE.
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Lentas y tortuosas son las investigaciones por feminicidio en México; y Tlaxcala es de los estados que más largo y tortuoso hace el proceso para las víctimas directas e indirectas de este delito, producto de la indiferencia y revictimización con las víctimas, de la corrupción, falta de perspectiva de género y prácticas que obstaculizan la justicia.

Así lo afirmaron víctimas indirectas y activistas, al expresar su testimonio como parte de la campaña “Caminemos juntas hacia la justicia”, previa a la marcha del próximo 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

“Desafortunadamente son muy pocos los casos que encontramos en los que las autoridades actúan debidamente. El tema del tiempo es algo que hemos mencionado, alrededor de uno a dos años es lo que tardaría aproximadamente un procedimiento en casos de feminicidio; sin embargo, en Tlaxcala tardan cuatro años o poco más de cuatro años”, dijo Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía.

Un feminicida es capaz de asesinar a una mujer en tan solo unos minutos; por ejemplo, en el caso de Cecilia N., el 14 de mayo de 2021 sus familiares perdieron comunicación con ella media hora antes de las 13:00 horas.

Ella fue asesinada de seis disparos por la espalda, a las 13:00 horas, según consta en el expediente, ese mismo 14 de mayo de 2021. Desde entonces, su padre, Efrén López inició la travesía para exigir justicia.

En junio de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 55 años de prisión a Semey N., por el feminicidio de Cecilia N.; al feminicida le negaron la pena máxima porque era su primer feminicidio y porque no la mutiló ni la desapareció, solo la asesinó.

Efrén López, convertido ahora en activista y fundador de la Rede Estatal de Víctimas de Tlaxcala, pasó casi tres años para lograr la sentencia del feminicidio de su hija, y su travesía todavía no termina porque ahora busca la reparación del daño y el reconocimiento de los familiares del feminicida como cómplices del feminicidio.  

De esta forma, las víctimas indirectas del feminicidio se enfrentan al lento y tortuoso proceso por la búsqueda de justicia, después de despedir a su ser querido. Cuando buscan que se castigue al responsable del delito, se encuentran con procesos judiciales interminables que incluso los hacen convertirse en los mismos investigadores de sus propios casos.

“En el caso de don Efrén, todavía se tiene que luchar porque la sentencia quede. Y nos preguntamos cómo las instituciones piden a la familia que sea el tiempo que debamos esperar para ver si reciben justicia, y después todo lo que se tiene que hacer, aún después de la sentencia, el dar seguimiento”, asentó Méndez.

Expuso que desde 2012, año en el que en Tlaxcala fue tipificado el feminicidio, existe un registro de solo siete sentencias condenatorias en contra de feminicidas, pero en cuatro de ellas las autoridades aplicaron el procedimiento abreviado “que es como llegar a un acuerdo con el feminicida”.

“Esto no puede suceder, sin embargo, se sigue practicando”, puntualizó.

“Realmente las familias nos convertimos en los investigadores”

Pilar Hernández, hermana de Estefani Hernández, víctima de feminicidio el 3 de diciembre de 2021, no tiene queja de la ministerio público que lleva el caso, pero sí de todo el tiempo que ha transcurrido para que tenga justicia.

Ella, como víctima indirecta de feminicidio, apenas se encuentra en la etapa de juicio oral; es decir, falta un tiempo indefinido para que el Tribunal de Enjuiciamiento dicte una sentencia.

“En mi caso, los tiempos han sido un factor porque yo estoy en la fase de juicio oral. Los tiempos entre una audiencia y otra tendrían que ser de días y se están pasando al mes, al mes, esto prolonga los tiempos, son gastos para la familia, son gastos para la institución y que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos”, expresó.

Subrayó que lo anterior ocurre porque hay una carga excesiva de trabajo y porque la delincuencia sobre pasa la capacidad de resolución de las autoridades.

A su decir, hay solución y está en destinar más presupuesto a las instituciones para que haya más elementos capacitados en la investigación.

“Y no, destinan ese dinero en un espectáculo, a la mejor en un show, a la mejor en algo que a nosotros nos pareciera banal en lugar de destinarlo a los problemas reales, a lo que estamos viviendo”, apuntó.

Aseveró, que lo anterior ha provocado que sean los familiares quienes asuman la responsabilidad de investigar sus propios casos y de buscar a sus víctimas al momento de que las reportan como desparecidas.

“La búsqueda la realizan los familiares, la realizamos los familiares, desde las redes, a través de la sociedad civil. Los familiares somos los que en la mayoría de los casos aportamos las pruebas, las evidencias, realmente las familias nos convertimos en los investigadores de cada caso porque el interés que un familiar pone en el caso para resolver no lo tienen, desafortunadamente, todas las autoridades y lo entiendo porque no es su familia”, acotó.