Amenazas de muerte y actos de violencia digital en su agravio, presuntamente ejercidos por el Gobierno local que encabeza la gobernadora, emanada de Morena, Lorena Cuéllar Cisneros, denunciaron mujeres activistas de Tlaxcala que encabezan movimientos sociales contra la impunidad, la falta de medicamentos y tratamientos para niños con cáncer, violencia contra las mujeres, devastación del medio ambiente y otras formas de violación a los derechos humanos.
Lo anterior, derivó en una marcha que protagonizaron en el primer cuadro de la ciudad y en el marco del Campeonato Mundial de Voleibol, que organizó la mandataria local, para evidenciar que Tlaxcala no vive en un ambiente de paz ni de seguridad, sino de violencia, inseguridad y corrupción.
“Aquí, este gobierno, y estoy hablando de Lorena Cuéllar Cisneros, es corrupto, es un gobierno de puertas cerradas que solo le abre la puerta a la corrupción”, apuntó la activista Yeny Chárrez.
Al ser parte de un grupo de activistas que participaron este domingo en una movilización, recriminó que la administración de Cuéllar Cisneros haya gastado más de 25 millones de pesos en la adaptación de improvisadas canchas de voleibol de playa, en lugar destinar ese recurso para la impartición de justicia de las víctimas del delito o la búsqueda de las personas desaparecidas en la entidad.
Señaló que en vez de permitir el diálogo con las y los activistas que defienden los derechos humanos, el Gobierno local se ha dedicado a amenazarlas y a ejercer acciones de violencia digital para descalificar su activismo.
“Su servidora fue amenazada de muerte antes de llegar a este lugar y también fui señalada que durante esta marcha sería yo aprehendida. Si hay una orden de aprehensión, pueden ejecutarla sin ningún problema”, apuntó, mientras lanzaba consignas y estaba cercada por elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.
Al grito de “Fuera Lorena, fuera Lorena”, “Lorena no es aliada, es privilegiada”, la denominada Marcha por Tlaxcala, partió de la zona de la astabandera hacia la avenida Guerrero donde el contingente fue bloqueado por un grupo de policías; luego continuó su paso hasta llegar a la explanada de la Plaza Juárez, frente a la sede del Poder Legislativo local.
Allí, las activistas reiteraron las amenazas de muerte en su contra por atreverse a organizar una marcha durante el Mundial de Voleibol, y acusaron directamente a la gobernadora y a los integrantes de su Gabinete.
Charrez remarcó que, en su caso, también le advirtieron sobre la existencia de una orden de aprehensión y sobre la posibilidad de que le fabriquen delitos para encarcelarla.
“Señalaron que había la intensión de que me atacaran de manera directa, y que la gobernadora así lo decía porque la gobernadora no iba a perdonar el que yo hubiera apoyado a los trabajadores; entonces, ante esa situación se generó muchísimo miedo, muchos hablaron de que tenía que pedir seguridad”, expresó.
Más tarde, en entrevista, comentó que la amenazas en contra de ella y de otras activistas no son nuevas, pero son más frecuentes y con más violencia desde que Cuéllar Cisneros gobierna en Tlaxcala.
Subrayó que ya notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el riesgo en el que se encuentra para que esta a su vez dé parte al mecanismo de protección federal para defensores de los derechos humanos, ya que en Tlaxcala no puede solicitar esa seguridad debido a que es el mismo gobierno local el violentador.
“En Tlaxcala estamos solitas, solitos, no tenemos una protección real y no confiamos en el sistema, y, por ende, ellos sí mantuvieron su forma de represión, sí lo hicieron a través de la intimidación”, asentó.
En tanto, la activista María Haydee Noya Cortés, directora de la fundación “Corazonadas de amor contra la leucemia”, también denunció amenazas, violencia digital y violencia institucional en su contra por su activismo en defensa del derecho a la salud de los niños y niñas con cáncer.
Igual que Chárrez, acusó directamente a la gobernadora local y a su gobierno de esas acciones que ponen en riesgo su vida y su estabilidad física.
“De hecho, nosotros ya tenemos una denuncia, estamos esperando que la policía cibernética haga algo al respecto; sin embargo, no lo hace; incluso promovimos un amparo por este tema y sigue sin hacer absolutamente nada”, puntualizó.
Aseveró que a ella le han prohibido el acceso al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), donde acuden a sus tratamientos las niñas y los niños que ella apoya desde su fundación; además, aseguró que en ese mismo nosocomio la han acusado de defender a los pacientes solo para hacerse publicidad, conducta que constituye un acto de violencia institucional.
“Me han dicho que la causa que yo encabezo no es legítima, que solamente lo hago por fama. Pero yo tengo trabajando desde 2017 y nunca he tenido la necesidad de un reflector ni de un liderazgo fingido, falso, jamás”, acotó.
