Ensayo periodístico
En una improvisada conferencia de prensa que ofreció, el pasado 11 de octubre, al lado del portón del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, Rosa N., intentó explicar por qué aparece en un video, que todavía circula en las redes sociales y que evidencia una agresión, no física, pero sí verbal, en agravio de una adolescente de la que ella fue la agresora.
“Esto que te sirva, pendeja, para que no amenaces a mi hija con que te la vas a llevar a la prostitución; y en el video la grabes a mi hija”, se escucha mientras una joven, tirada en la acera, entre llanto, exclama ¡ya, ya! El audiovisual tuvo registro el 30 de septiembre.
La escena fue filmada en las inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 (Cbta), de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, un municipio incluido en el mapa de la trata de personas con fines de explotación sexual que han documentado el Centro Fray Julián Garcés (CFJG) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cuando Rosa N., le dice a la adolescente violentada, “no amenaces a mi hija con que te la vas a llevar a la prostitución”, es una expresión que incitó a la redacción de haygatoencerrado.com a indagar más en un asunto aparentemente entre particulares que transita al espacio público. La curiosidad mató al gato.
¿Por qué la ama de casa, encolerizada y afuera de una escuela, reprende a una estudiante y le reclama una supuesta amenaza en agravio de su hija de llevarla a la prostitución? Se refieren a la explotación sexual forzada que implica la práctica de trata de personas identificada en municipios de la zona sur de Tlaxcala, donde está San Francisco Tetlanohcan.
El que una estudiante sea amenazada, dentro de una escuela, por sus compañeros de clase y aula con darle un levantón para llevarla a prostituirse, es algo grave, “muy grave”, porque es evidente que, en su entorno social, los estudiantes conocen cómo operan las redes de trata de personas dedicadas a la explotación sexual forzada de mujeres, los lugares de explotación, las rutas para el traslado de víctimas y que, incluso, ven a la escuela como un lugar para captarlas.
Este conflicto escolar develó que la combinación del bullying y la trata de personas con fines de explotación sexual ésta, al menos, en la imaginación de los estudiantes, que conviven en la misma aula y se sientan en el mismo pupitre.
En julio de 2020, en el marco del conversatorio virtual “Las escuelas como espacio potencial para contribuir en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, la representante de la “Fundación Hispanics in Philanthropy”, Diana Paola Olvera Feregrino, indicó que el Diagnóstico de la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación en Tlaxcala reveló que en 40 municipios de esta entidad hay habitantes que se dedican a la trata de personas.
Por ello, recomendó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno atender esta problemática también desde las escuelas por ser un lugar de convivencia social y en el que se puede detectar el desarrollo del delito y evitarlo por protección y seguridad de las mujeres y niñas.
¿En Tijuana o en Oaxaca?
Dice un dicho que, en el cuento de Caperucita y El Lobo, el lobo siempre será el malo si solo se escucha a Caperucita; si ambos relatan los hechos, las circunstancias cambian. Y las versiones sobre una riña afuera del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 (Cbta), de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, evidenciaron que el bullying y la trata de personas con fines de explotación sexual es parte de la normalidad de los estudiantes.
Atemorizada porque en el pueblo donde vive, los vecinos habían convocado a una turba para lincharla a ella y a su familia sin conocer los antecedentes de una riña escolar, Abigail N., una estudiante del Cbta134, denunció que, dentro de esa institución y por parte de sus compañeros de aula, fue víctima de bullying y amenazas de darle un levantón para entregarla a tratantes de personas dedicados a la explotación sexual forzada.
Acusó directamente a una alumna identificada como Mareli N., con quien protagonizó una riña fuera de la escuela el pasado 30 de septiembre, y al alumno Daniel N., quien durante las clases de baile le tomó fotografías y después, presuntamente, las envió a tratantes para que le dieran el “levantón” al salir de la escuela.
“Mareli, en el baño, me dijo ‘hasta te damos a elegir dónde quieres trabajar de prostituta ¿en Tijuana o en Oaxaca?’. Yo me di la vuelta y me fui”.
Abigail N.
“Luego llegó la hora del club. Yo estoy en el club de baile y empezamos a bailar; cuando Daniel pasa y me toma fotos y me graba con su celular; se pone enfrente de mí, habla por teléfono y empieza a decir ‘ya tengo las fotos y los videos para que vengas y le des el levantón, si quieres puedes venir a la hora de la salida’, entonces de eso hablé con un maestro que me dijo que eran amenazas muy graves”, agregó.
Acompañada de su madre Rosa N., indicó que notificó las agresiones y amenazas a su tutor escolar, al subdirector y a la prefecta, quienes reconocieron que se trataba de “amenazas muy graves”; sin embargo, al llegar con el director, según ella, les “dio la espalda” y se declaró incompetente del caso.
Por instrucciones del tutor escolar, el día que ella enteró a los directivos de la institución sobre el bullying en su contra, llamó a su madre y familiares para que la recogieran afuera de la escuela. Tenía miedo de regresar sola a su casa.
“Yo le marqué a mi mamá porque sí tenía miedo de que me dieran el levantón y me llevaran a la prostitución”, comentó.
Expuso que ese mismo día, al salir de clases se encontró en las inmediaciones de la escuela con Mareli N., y le reclamó por las fotografías y videos que le habían tomado, lo que provocó que ambas se jalonearan de los cabellos.
“Yo logré tirarla, entonces mi mamá llegó y le dijo ‘eso te pasa por meterte con mi hija’ y dónde están los videos de que te la ibas a llevar a la prostitución”, narró.
De esta escena existe un video que circula en redes sociales, desde el primero de octubre, en el que se ve a Mareli N., la presunta acosadora escolar, tirada en la acera después de protagonizar una riña con Abigail N., quien se dice víctima de bullying. En la imagen se observa y escucha a la madre de Abigail N., en su defensa, advertir a la supuesta agresora.
Llegaron policías municipales, así como los padres y familiares de Mareli N., quienes, según Abigail N., también la amenazaron con darle un levantón para introducirla al mercado de la explotación sexual forzada.
“El papá de Mareli me dijo ‘ya te tengo fichada, te voy a dar un levantón, te vas a ir de prostituta’. Los policías le dijeron ‘señor guarde sus amenazas’, pero el señor seguía gritando que me iba a llevar a la prostitución”.
Por alterar el orden público y por las amenazas de las que fueron testigos, los elementos policiales trasladaron a Abigail N., a la mesa especializada sobre trata de personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que presentaran la denuncia correspondiente.
A pesar de que ella aseguró que desde un inicio fue la víctima, expuso que a partir del día de la pelea entre ella y Mareli N., los pobladores de Tetlanohcan convocaron en las redes sociales a organizarse para lincharla junto con su madre y sus hermanos.
Cbta viola derecho a la educación
Sin existir todavía una resolución por parte de las autoridades educativas y las de procuración de justicia sobre este caso de bullying, Abigail N., se enteró por los medios de comunicación que los directivos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 (Cbta), determinaron expulsarla de la institución, aunque, hasta el 11 de octubre no había sido notificada oficialmente.
Con ello, los directivos, en su calidad de servidores públicos del sector educativo y la Secretaría de Educación Pública (SEP) incurren en una violación a los derechos humanos de las víctimas porque no han respetado el debido proceso. También violan los derechos de la adolescente como estudiante porque la privan del derecho fundamental que es la educación.
Desde 2019, la Dirección Jurídica del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), emitió protocolos que prohíben la expulsión escolar de los estudiantes, así sean considerados agresores y hayan cometido faltas previstas en los reglamentos escolares, porque esa determinación quiebra la garantía del derecho a la educación prevista en la constitución mexicana que es superior a cualquier reglamento.
En lugar de ello, a través de sus protocolos, orienta a los maestros y demás autoridades educativas para implementar acciones internas en el entorno escolar y, si es necesario, en el familiar de los alumnos involucrados para detectar los factores de riesgo que los han llevado a expresar esas conductas antisociales.
De acuerdo con el Sipinna existen tres protocolos de actuación relacionados con casos escolares; el primero sobre acoso escolar o bullying; el segundo, relativo a violencia y maltrato escolar; y el tercero, respecto de abuso sexual. Por cualquiera de estos, la institución educativa y los maestros deben dar parte a la Procuraduría del Menor.
Pese a lo anterior, Rosa N., madre de Abigail N., acusó que la dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 134 (Cbta), de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, trasgredió los derechos de su hija al excluirla de la escuela en lugar de facilitar las vías para que continúe su educación.
“Pido justicia para mi hija, que si a mi hija la van a expulsar que entonces expulsen a la otra niña porque fueron ambas niñas las que se pelearon. No es justo que a mi hija nada más la expulsen y le nieguen el derecho a que siga estudiando”, apuntó.
Remarcó que el director de la escuela siempre supo del caso, pero no intervino oportunamente hasta que el bullying y las amenazas desembocaron en un enfrentamiento físico entre las dos estudiantes, y verbal entre ambas familias, al grado de que ahora, la familia de la presunta víctima vive acoso colectivo en la comunidad.
Por tanto, consideró que hubo privilegios para la otra parte involucrada porque, según ella, forman una familia de posición económica alta, mientras que ella y sus hijos son de escasos recursos.
“Que se llegue hasta las últimas consecuencias, que vean dónde fue el error y de quién fue, pero el problema fue por lo de que a mi hija se la iban a llevar a la prostitución, y tanto como lo dijo la hija, lo volvió a confirmar y están de testigos los policías por eso ellos nos trasladaron a una mesa especializada de trata porque los policías escucharon cuando el papá amenazó a mi hija”.
Rosa N.
Insistió en que ella no golpeó a la adolescente presuntamente agresora, pero sí aceptó que le reclamó a gritos por amenazar a su hija con levantarla para llevarla a la prostitución.
“Dicen que mi hija ya fue expulsada y yo pido justicia por eso porque todavía de que ella fue la afectada, me la sacan de la escuela. Mi hija tiene derecho de seguir estudiando, de seguir preparándose, aunque yo no tenga los recursos necesarios la voy a apoyar para que siga sus estudios”, acotó.
El secretario de Educación en Tlaxcala, Homero Meneses, aunque se pronunció en contra de la expulsión escolar, también se deslindó con el argumento de que el Cbta pertenece a un sistema de educación federal.
Poder fáctico con complacencia de las autoridades
Para Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés, el caso registrado en el Cbta, donde una estudiante fue amenazada por sus compañeros de clase con darle un levantó para llevarla a la prostitución, como parte de una práctica de bullying, no solo es el reflejo de lo que ocurre en las escuelas, sino en toda una comunidad.
“Es el reflejo de lo que ocurre no solo en esa escuela, sino de lo que ocurre en las escuelas porque, al final del día, la escuela es parte de una comunidad, y eso es lo que se vive”, expuso.
En entrevista, explicó que desde 2010 una tesis universitaria de percepción, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), registró que los niños y las niñas ya percibían la impunidad que favorece a los padrotes y al delito de trata de personas, y que, además, los estudiantes aspiran a ser tratantes.
“Es una cosa que se va normalizando en las escuelas, que se va normalizando en la práctica comunitaria y que, ante una inacción gubernamental, entonces, se normaliza esa situación y lo triste y lo grave es que los casos siguen creciendo”, indicó.
Desde hace seis años, el CFJG ha planteado un modelo educativo en las escuelas de Tlaxcala para desestructurar las formas de violencia y la trata como una forma extrema de violencia, por ello, en marzo de este 2022 firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe), para implementar una política educativa para que, en un mediano y largo plazo, se desnormalice las formas de violencia desde en entorno escolar.
“Venimos denunciado, desde hace 15 años cuando nosotros entramos a las escuelas y era muy claro y muy recurrente, porque al final los tratantes son de las comunidades, y las hijos y los hijas van a las escuelas de las comunidades, entonces, es un problema que lo vivimos a diario y eso lo hemos dicho desde hace años, por eso impulsamos todo el proceso de participación ciudadana para tipificar el delito para que no hubiera un pretexto gubernamental de decir que ‘no está en el marco de mi competencia’”, asentó.
Méndez aseveró que en Tlaxcala la política y el programa estatal contra la trata de personas ya están puestos, solo falta que el gobierno aplique proyectos específicos para erradicar ese delito.
“Es gravísimo, pero, así como está en la escuela también está en las reuniones comunitarias; o sea, las redes (de tratantes) han invadido los espacios comunitarios porque al final son de las comunidades, no es nuevo, es un poder fáctico que ha estado presente ahí y ha estado presente con complacencia de las autoridades”.
Alejandra Méndez-CFJG.
